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El Fiscal de la CPI concluye el examen preliminar de la situación en Colombia concertando un Acuerdo de Cooperación en el que se traza la siguiente fase del apoyo a los esfuerzos nacionales dirigidos a promover la justicia transicional

ICC-CPI-20211028-PR1623

De izquierda a derecha: Sr. Camilo Gomez, Director Agencia Nacional para la Defensa del Estado; Sr. Francisco Barbosa, Fiscal General de la República ;  Su Excelencia, el Señor Presidente Iván Duque Márquez; Sr. Karim A.A. Khan QC, Fiscal de la Corte penal internacional ; Sr. Eduardo Cifuentes, Presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP); Su Excelencia, el señor Fernando Grillo, Embajador de Colombia en los Países Bajos<br>
De izquierda a derecha: Sr. Camilo Gomez, Director Agencia Nacional para la Defensa del Estado; Sr. Francisco Barbosa, Fiscal General de la República ; Su Excelencia, el Señor Presidente Iván Duque Márquez; Sr. Karim A.A. Khan QC, Fiscal de la Corte penal internacional ; Sr. Eduardo Cifuentes, Presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP); Su Excelencia, el señor Fernando Grillo, Embajador de Colombia en los Países Bajos

El 28 de octubre de 2021 el Fiscal de la Corte Penal Internacional, Sr. Karim A.A. Khan QC, concertó en Bogotá un Acuerdo de Cooperación con el Gobierno de Colombia que renueva el compromiso de la Fiscalía con los procesos nacionales de rendición de cuentas en el país. Este Acuerdo refuerza y define con mayor precisión los papeles mutuos que desempeñarán la Fiscalía y el Gobierno para garantizar el sostenimiento y el fortalecimiento de los notables avances registrados por entidades fiscales y judiciales internas, en particular por la Jurisdicción Especial para la Paz.

Al término de una evaluación exhaustiva, consta al Fiscal que la complementariedad funciona hoy en Colombia. Debe encomiarse al Gobierno de Colombia, así como a los tribunales ordinarios, los tribunales de la Ley de Justicia y Paz, la Jurisdicción Especial para la Paz, la sociedad civil y el pueblo de Colombia, por su resiliencia y determinación a efectos de exigir justicia y rendición de cuentas en su búsqueda de paz. A raíz de los avances registrados, la Fiscalía ha determinado que las autoridades nacionales de Colombia no se han mostrado inactivas, ni han tenido falta de voluntad ni de capacidad para investigar y enjuiciar genuinamente los crímenes que entran en el ámbito del Estatuto de Roma.

En el curso del contacto mantenido con las partes interesadas, el Fiscal recalcó que no se debe ni se pude postergar indefinidamente la evaluación de la complementariedad en espera de que se ultimen todas las actuaciones nacionales posibles. Por el contrario, la jurisprudencia de la Corte y el Estatuto dejan claro que la admisibilidad debe determinarse sobre la base de los hechos de que se tiene constancia.

En vista de ello, el Fiscal ha determinado que debe procederse al cierre del examen preliminar. Sin embargo, la ausencia de un examen preliminar no supone que la Fiscalía vaya a interrumpir el contacto con Colombia ni su apoyo a los procesos en curso de rendición de cuentas. Por el contrario, supone el comienzo de un nuevo capítulo de apoyo y cooperación, ejemplo de complementariedad positiva en acción.

El cierre del examen preliminar no esconde el hecho de que la labor pendiente es considerable y de que debe seguirse dejando margen a las instituciones establecidas para que ejerzan sus responsabilidades constitucionales. El Gobierno de Colombia se compromete a mantener ese tipo de apoyo en el Acuerdo concertado hoy.

La firma del Acuerdo, el primero en su género concertado entre la Fiscalía y un Estado Parte, abre nuevos caminos al concertar una serie de compromisos mutuos dirigidos a velar por que los procesos internos de justicia transicional en Colombia sigan bien encaminados.

Por parte del Gobierno de Colombia, estos compromisos consisten en: 1) salvaguardar el marco constitucional y legislativo establecido; 2) mantener y respaldar las estructuras existentes encargadas de garantizar la rendición de cuentas; 3) seguir financiando adecuadamente estas estructuras y salvaguardando sus presupuestos; 4) proteger su independencia e impedir injerencias en sus funciones; 5) garantizar la seguridad del personal judicial y fiscal, así como la de los participantes que comparezcan ante los distintos mecanismos de rendición de cuentas; y 6) promover la cooperación y la coordinación plenas entre las distintas entidades estatales participantes, en particular entre la Fiscalía General de la Nación y la Jurisdicción Especial para la Paz. El Gobierno de Colombia también se ha comprometido a informar al Fiscal de la marcha de las investigaciones y los enjuiciamientos de ámbito interno. Colombia ha prometido también facilitar acceso a los registros y la documentación pertinentes de conformidad con el Estatuto de Roma y el derecho colombiano.

Por su parte, la Fiscalía se compromete a respaldar los esfuerzos de Colombia en materia de rendición de cuentas en el marco del diálogo y la interacción constantes con el Gobierno de Colombia y las instituciones estatales, visitas anuales al país y el intercambio de enseñanzas extraídas y mejores prácticas con los mecanismos nacionales de justicia.

Crucialmente, en vista de que la CPI es una institución permanente, en el Acuerdo se recuerda que el Fiscal podrá reconsiderar la determinación de complementariedad en función de cualquier cambio de circunstancias significativo. El Acuerdo es vinculante y de duración indefinida.

La firma del Acuerdo y el consiguiente cierre del examen preliminar supone un nuevo comienzo, así como un cambio de paradigma al margen del examen preliminar, que permitirá a Colombia y a la Fiscalía aprovechar una relación sostenible y prolongada en el marco del Acuerdo.

La Fiscalía de la CPI lleva a cabo exámenes preliminares, investigaciones y enjuiciamientos independientes e imparciales de los crímenes de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y el crimen de agresión. Desde 2003 realiza investigaciones en varias situaciones que son de la competencia de la CPI, como en Uganda, la República Democrática del Congo, Darfur (Sudán), la República Centroafricana (dos situaciones distintas), Kenya, Libia, Côte d'Ivoire, Malí, Georgia, Burundi, Bangladesh/Myanmar, el Afganistán (en espera de autorización judicial para reanudar la investigación tras una solicitud inicial de suspensión de conformidad con el artículo 18), Palestina y Filipinas. La Fiscalía también lleva a cabo actualmente exámenes preliminares en relación con las situaciones en Bolivia, Guinea y Venezuela (I y II), y ha ultimado sus exámenes preliminares de las situaciones en Ucrania y Nigeria, que están pendientes de la solicitud de autorización para proceder a la investigación.

Source : Office of the Prosecutor